Con fecha de hoy, miércoles 22 de diciembre, el Consejo de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ante la propuesta de Reforma Educacional que impulsa el Ministro de Educación Joaquín Lavín y el Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera Echenique, ha decidido declarar lo siguiente:
Creemos que la reforma propuesta no enfrenta las causas estructurales de la crisis de la educación chilena. A nuestro juicio estas se reflejan en un marco regulatorio que no garantiza el ejercicio efectivo del derecho a la educación en la Constitución ni en las leyes orgánicas fundamentales como la LOCE o la LGE. Además, vemos manifestada la crisis en un modelo de administración que recae en municipalidades, que carecen de los recursos financieros y humanos para gestionar los establecimientos públicos y en la precarización de la formación docente y del rol del profesor en el aula.
Nos preocupa que este sistema educacional favorezca a quienes más tienen y perjudica a quienes son más vulnerables. Asimismo, agrava una competencia que trae consigo la segmentación educativa y la privatización de la educación escolar; en donde prima la libertad de empresa y el lucro con recursos estatales por encima de las oportunidades de aprendizaje.
Las medidas centrales propuestas en esta reforma por parte del Ministerio de Educación tienen un claro carácter economicista, que da por hechos los supuestos de un mercado competitivo: libre entrada de oferentes, información libre y gratuita, sin costos de transacción ni cualquier otro tipo de traba a la libertad, tanto de oferentes como demandantes. Además, por un lado vemos la segregación laboral y salarial del profesorado según quienes rinden adecuadamente una prueba, INICIA, que no es un predictor de buen desempeño docente futuro pues sólo mide conocimientos.
Por otro lado, se pone un énfasis desmedido en pruebas estandarizadas con sesgos socioecónomicos como el SIMCE y la PSU, perjudicándose la enseñanza al reproducir un sistema en que tanto estudiantes como profesores están aprendiendo sólo lo que es testeado: se enseña lo que se pregunta.
Algunas de las propuestas atentan directamente contra los establecimientos más vulnerables. Por eso rechazamos la “Semaforización de los Colegios”, pues no mejora en nada la calidad de la educación y estigmatiza a los establecimientos. También criticamos la creación de liceos de excelencia a los que sólo podrá acceder una minoría de los estudiantes de la educación pública.
Por otro lado, y aunque no está en la iniciativa de ley del Ejecutivo pues es materia de decreto, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación sobre la potencial disminución de las horas de Historia y Ciencias Sociales y Educación Tecnológica, quedando a merced de cada establecimiento el mantenimiento de la actual carga horaria de estas asignaturas. Esto no es hacerse cargo de una educación integral, que forme ciudadanos. Tenemos la seguridad que ante las distintas expresiones de estudiantes, profesores y apoderados, el Gobierno escuchará el descontento ciudadano y dejará sin efecto esta medida.
Si bien a primera vista hay medidas que son positivas, esta iniciativa del Ejecutivo no resuelve los problemas estructurales y profundiza un modelo que ha tendido a perpetuar la enorme desigualdad social presente en nuestro país. Asimismo, los niños, niñas y jóvenes que se educan en Chile no merecen otra ley de educación discutida entre cuatro paredes sin participación de la ciudadanía, como fue la Ley General de Educación el 2008.
Considerando todo lo anterior, condenamos el uso de mecanismos constitucionales para acelerar una discusión que requiere más profundidad y por sobre todo participación. El llamado es a los parlamentarios para que rechacen este proyecto de ley y se abra un debate nacional en el que se dialogue y se generen verdaderos consensos en torno a la necesidad de una educación de calidad para todos y no sólo para quienes pueden pagarla.
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE – FEUC
